Responsabilidad federal, costos locales: El cumplimiento de las leyes migratorias en Virginia

disponible en inglés

by Faith Burns and Laura Goren

La aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal, sin embargo, las comunidades locales de Virginia están pagando parte de los costos a través de la cooperación voluntaria de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. El alojamiento de los detenidos, el establecimiento de programas locales de ICE y el maniobro de las cuestiones legales relacionadas con el mismo, aumentan los costos para los gobiernos locales; costos que no son reembolsados ​​por el gobierno federal.

En el 2017, una Orden Ejecutiva federal amplió las prioridades de ICE para el interior de los Estados Unidos. Desde entonces, ICE ha enviado mas de un 80 por ciento de detenidos por inmigración a las cárceles locales, y las asociaciones entre ICE y los departamentos locales de policía, se han más que duplicado. Este crecimiento hubiese sido imposible sin la labor de las agencias locales de seguridad y los fondos de los gobiernos estatales y locales, los cuales disponen de los presupuestos y recursos locales. La cooperación voluntaria con ICE también le da a los gobiernos locales la responsabilidad legal en los casos en que las solicitudes de ICE pueden violar las protecciones constitucionales o el hacinamiento en la cárcel en condiciones de inseguridad de los reclusos.

ICE envió más de 3.100 solicitudes de detención a las cárceles locales y regionales en Virginia durante el año fiscal 2017. Esto representa un aumento del 75 por ciento con respecto al año anterior. Si estas cárceles hubiesen acomodado las solicitudes, el costo hubiese sido de casi $ 830,000. Y el uso de recursos locales para facilitar la aplicación de la ley federal de inmigración corre el riesgo de aumentar los daños económicos y sociales a las familias y comunidades de Virginia.

Este informe examina cómo las localidades de Virginia facilitan los esfuerzos federales de inmigración y qué implicaciones tienen estas relaciones en los recursos locales.

En 2016, Virginia fue el hogar de más de 1 millón de residentes nacidos en el extranjero, ocupando noveno lugar con población inmigrante en el país. Los inmigrantes de Virginia provienen de una gran variedad de países, incluyendo 10.3 por ciento de El Salvador, 8.7 por ciento de India y aproximadamente 5 por ciento de Filipinas, México y Corea. Los inmigrantes en Virginia tienen una buena educación y son muy activos en la economía: más del 40 por ciento posee títulos de licenciatura o estudios mas altos y además representan casi el 20 por ciento de dueños de negocio de Virginia. Además, la tasa media de los ingresos en los hogares de los inmigrantes en Virginia, son mayores que el promedio Nacional.

Los inmigrantes representan el 12 por ciento de la población de Virginia, contando con una variedad de estatus migratorios, incluyendo ciudadanos naturalizados, poseedores de visas temporales e inmigrantes no autorizados. Varios inmigrantes de Virginia viven aquí bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o Acción Diferida para aquellos (as) que llegaron en la Infancia (DACA), autorizándolos en los dos casos, a permanecer legalmente en los Estados Unidos bajo circunstancias especiales. Sin embargo, muchas personas que actualmente tienen estatus TPS o DACA pronto serán consideradas indocumentadas, dejándolos en peligro de ser deportados a un país inseguro o desconocido; a menos que se tomen medidas federales para extender estos programas.

El TPS autoriza a los ciudadanos extranjeros a vivir en los Estados Unidos si su país de origen está experimentando un conflicto o un desastre natural. En Virginia, hay 23.500 que poseen TPS de El Salvador y Honduras,  quienes se convertirán en inmigrantes indocumentados cuando se venza su estatus en el 2019 o el 2020. Esto debido a la decisión del Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., de no renovar el estatus de protección para las personas oriundas de estos países. Estas personas han vivido y trabajado en los Estados Unidos por décadas, contribuyendo a las comunidades y formando familias con 21.200 niños. Al cambiar su estatus a indocumentados, corren el peligro de ser deportados  en caso de ser acusados ​​de un delito menor, amplificando significativamente el impacto negativo a nivel social que causa la aplicación de la ley migratoria.

Mientras tanto, DACA se estableció en 2012 para niños indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes de la edad de 16 años, lo cual les permite posponer la deportación y obtener un permiso de trabajo si cumplen con ciertos requisitos de educación y no tienen antecedentes penales. En el 2017, la Administración de Trump anunció que revocaría DACA. Sin embargo, un tribunal de distrito de los EE. UU. Ordenó a DHS continuar el permiso de renovacion del estatus para aquellos que lo tienen. El gobierno federal ha puesto en suspenso las nuevas solicitudes de DACA, aunque esta decisión está siendo impugnada judicialmente a partir de la publicación de este informe. El Instituto de Politicas Migratorias calcula que, en caso de que se acepten nuevas solicitudes de DACA, casi 20.000 residentes de Virginia serían elegibles para aplicar. A menos que o hasta que eso ocurra, estos jóvenes virginianos que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños son considerados inmigrantes indocumentados y corren el riesgo de ser deportados a sus países de origen, incluso si no hablan el idioma oficial y no están familiarizados con la región. Además otros litigios para poner fin al programa DACA por completo ponen a los 10.200 residentes de Virginia que son beneficiarios actuales de DACA en riesgo de deportación. Los inmigrantes representan una gran cantidad de residentes de Virginia y son una parte vital de las comunidades de Virginia. El examen cuidadoso de las políticas que afectan a los inmigrantes garantizará que Virginia sea un lugar seguro para todos los residentes, mientras minimiza los impactos sociales negativos que tiene la aplicación de la ley de inmigración sobre las familias inmigrantes.

Si el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Sospecha que una persona vive sin documentos migratorios en los Estados Unidos, ICE puede emitir una notificación o una orden de detención después de que la persona sea llevada a custodia estatal o local.

La orden de detención o notificación solicita que la instalación notifique a ICE cuando esa persona esté a punto de ser liberada de la instalación. Una orden de detención solicita que la agencia local mantenga a la persona por otras 48 horas adicionales después de su liberación programada, dando a los oficiales de inmigración tiempo adicional para ponerlos bajo la custodia de ICE. Sin embargo, las agencias locales no están obligadas a retener a las personas por 48 horas más y sin que una orden judicial válida haya sido declarada por 12 tribunales estatales y federales como ilegales o en violación de los derechos constitucionales.

A partir de 2017, las detenciones de ICE están acompañadas por una “orden administrativa”, sin embargo, esto todavía no hace que el cumplimiento sea obligatorio porque esta orden no es aprobada por un juez. Además, ICE puede detener a una persona antes de que esta haya sido juzgada o condenada por la acusación penal inicial, lo cual puede haber servido de motivo para presentarle la orden de detención, dejando a los sistemas judiciales penales estatales o locales con un caso no resuelto y una persona enfrentando la deportación sin haber condenada por un crimen.

Desde octubre del 2016 hasta septiembre del 2017, el año fiscal federal más reciente, ICE emitió ordenes de detención solicitando que las instalaciones en Virginia retuvieran a casi 3.500 personas por otras 48 horas adicionales porque ICE sospechaba que estas personas eran inmigrantes indocumentados (ICE emitió solo 92 solicitudes de notificación a Instalaciones de Virginia durante el mismo período de tiempo). La mayoría de esas solicitudes de retención (más de 3.100), fueron enviadas a cárceles locales y regionales. Las instalaciones cumplieron con al menos 70 por ciento de las solicitudes de retención y solo el 1.4 por ciento de las solicitudes de retención se registraron como rechazadas por las instalaciones (aun se desconocen las respuestas del 25 por ciento de las solicitudes).

En la manera en que estas detenciones dieron lugar a que las cárceles locales y regionales de Virginia retuvieran personas más allá del día en que de otra manera fueran liberadas, cumplir con este alto volumen de solicitudes de retención de ICE genera costos significativos para los gobiernos locales, mientras se arriesgan a demandas adicionales contra las localidades.

Después de que se habia disminuido la cantidad de  solicitudes de detención en los últimos años de la administración de Obama,  se ha visto un aumento de las mismas, en el año fiscal del 2017. En el año fiscal 2014, se enviaron más de 3.500 solicitudes de detención a instalaciones locales y regionales en Virginia. Sin embargo, este número bajó a aproximadamente 1.700 solicitudes durante el año fiscal del 2015 antes de que aumentara rapidamente a 1.800 durante el siguiente año fiscal. Para el año fiscal 2017, las solicitudes de retención aumentaron a más de 3.100, cerca de su nivel anterior. La mayoría de estos fueron enviados a solo siete cárceles locales y regionales de más de 80 instalaciones locales, regionales, estatales, federales y de ICE ubicadas en Virginia. Estas siete instalaciones cumplieron con un total de 1.627 solicitudes de detención:

Además de retener a individuos sobre solicitudes de ordenes de detención migratoria, varias cárceles de Virginia y dos centros de detención juvenil mantienen a detenidos de responsabilidades federales, incluyendo inmigrantes, a través de acuerdos de servicios intergubernamentales (IGSA) o, en el caso de niños inmigrantes, un contrato ORR. A diferencia de las solicitudes de retención, las IGSA contienen disposiciones para que el gobierno federal pague a las localidades una tarifa por día para retener a los inmigrantes detenidos. Sin embargo, mantener personas adicionales en las cárceles locales aún puede presentarle desafíos fiscales a los gobiernos locales, incluidos los costos directos, si la tarifa diaria negociada no cubre todos los costos; asi como tambien, un mayor riesgo de demandas. Por ejemplo, la cárcel regional de Rockingham-Harrisonburg tuvo un costo operativo promedio de $ 88.58 por preso, por noche durante el año fiscal 2016, sin embargo, el ingreso federal por día de la cárcel fue solo de $ 72.12. Reconociendo estos inconvenientes, en mayo del 2018, la Oficina del alguacil del condado de Fairfax finalizó su acuerdo de servicio con ICE y, al mismo tiempo, anunció que la oficina no retendria a individuos en solicitudes de ordenes de detención a menos que existiera una detención criminal correspondiente emitida legalmente. De manera similar, el Centro de Detención Juvenil de Virginia del Norte -uno de los pocos centros juveniles de alta seguridad del país que se sabe que tienen niños para ICE o ORR- anunció en junio del 2018 que finalizaría su contrato con ORR.

Costo de cumplir con las solicitudes de ordenes de detención en Virginia

Las instalaciones en Virginia ocupan el octavo puesto en los mas solicitados de detenciones en todo el país: Cerca de 3.500 solicitudes se realizaron a instalaciones federales, estatales y locales durante el año fiscal 2017. Esta es una cantidad sustancial de solicitudes federales realizadas a las localidades de Virginia, cada una de las cuales es la única responsable – financiera y legalmente – para sostener personas en sus instalaciones, donde cuesta un promedio de $ 85.17 por preso cada día.

De las casi 3.500 solicitudes hechas a todas las instalaciones durante el año fiscal 2017, ICE envió más de 3.100 solicitudes a cárceles locales y regionales en Virginia. Si estas cárceles hubieran acomodado las solicitudes deteniendo a cada individuo por dos días adicionales, el costo habría sido un poco menos de $ 830,000 usando los costos de operación per cápita y por día para las cárceles que reciben solicitudes de retención. Es importante señalar que es probable que esta cifra subestime el costo total. Mientras tanto, algunas cárceles retienen a los inmigrantes por más de 48 horas al cumplir con los arrestos de ICE, especialmente cuando las 48 horas incluyen fines de semana y feriados.

Financiamiento y participación en los costos de la retención de inmigrantes en las cárceles de Virginia

El costo de operar cárceles locales y regionales recae en gran medida en los gobiernos locales. El gobierno federal proporciona muy poco apoyo financiero para las cárceles locales y regionales en Virginia, aparte de los reembolsos por día para mantener a los detenidos con responsabilidad federal (estos reembolsos no son para cumplir con las solicitudes de detención de ICE). Y el estado, que cubría el 46 por ciento del costo total de las cárceles de Virginia antes de los recortes de la Gran Recesión, ahora solo paga el 41 por ciento de los costos. Las localidades terminan pagando casi la mitad de la factura total. En general, las cárceles regionales y locales en Virginia gastaron $ 875.9 millones en costos operativos en el año fiscal del 2016, y los gobiernos locales cubrieron $ 474.7 millones de ese costo.

En Virginia, la mayoría de los detenidos de ICE están siendo enviados a las cárceles, donde el cumplimiento con los arrestos es más costoso que en cualquier otro lugar del estado. La mayoría de las cárceles que reciben grandes volúmenes de solicitudes de detención se encuentran en el norte de Virginia, donde el alto costo general de la vida significa que el costo para los reclusos es muy alto. Además, casi el 70 por ciento de los costos de la cárcel en la región norte del estado son financiados localmente, lo que significa que los contribuyentes locales cargan con la mayor parte del costo de detener a los inmigrantes en nombre de ICE.

Los detenidos de inmigración no son el único método mediante el cual las responsabilidades de ICE, y sus costos, se delegan en estados y localidades. En 1996, se agregó la Sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al gobierno federal delegar a funcionarios estatales y locales seleccionados como funcionarios de ICE, capaces de realizar funciones de cumplimiento de inmigración. Bajo este programa, conocido como 287(g), el DHS celebra acuerdos por escrito con agencias de seguridad y ejecucion de la ley que no son federales y brinda capacitación a los oficiales designados del estado asociado o la agencia local.

Al asumir la autoridad y las responsabilidades de ICE, las agencias locales de seguridad y ejecucion de la ley pueden adoptar un modelo de “cumplimiento de la carcel”, en ingles  “jail enforcement” donde los funcionarios capacitados por ICE identifican y procesan a las personas indocumentadas que ya han sido arrestadas por un cargo criminal no relacionado. Otro modelo, el modelo de “destacamiento especial”, en ingles “task force”, permite a los oficiales realizar tareas de ICE durante patrullas o investigaciones, lo que les permite identificar y procesar inmigrantes indocumentados en la comunidad. Una alternativa es que las agencias también pueden optar por participar en una versión híbrida de los modelos. Sin embargo, actualmente no hay programas 287(g) activos que operen bajo un grupo de trabajo o un modelo híbrido.

ICE tiene 78 de estos acuerdos con agencias de seguridad y ejecución de la ley en todo el país. Pero ICE no es responsable por el costo de implementación de estos acuerdos, y recae casi por completo en las agencias locales, lo que ejerce presión sobre los recursos locales. Aunque ICE es responsable de operar el programa de capacitación de cuatro semanas para los nuevos oficiales de programa 287(g), las agencias locales de seguridad y cumplimiento de la ley son responsables de cubrir los gastos de personal. Estos gastos incluyen transporte al programa de capacitación, salarios, horas extra, beneficios y más. La actualización de la infraestructura para acomodar la nueva tecnología de control de inmigración, también se factura a la agencia local, no a ICE. Incluso se requiere que la agencia local proporcione suministros administrativos y espacio de oficina para el personal de ICE si así lo solicitan. Y de manera gratuita.

Múltiples condados de Virginia adoptaron acuerdos 287(g) a fines del 2000, sin embargo, solo existen dos acuerdos 287(g) en julio de 2018: el acuerdo del Centro de Detención para Adultos Prince William – Manassas 2007 y el del Condado de Culpeper firmado esta primavera. Hasta 2012, el Departamento de Policía del Condado de Prince William también participó en un programa 287(g), que llamó la atención por sus  exagerados costos proyectados.

Condado de Prince William

Después del rápido crecimiento en la población hispana del Condado de Prince William durante la década de 2000, la Junta del Condado y el departamento de policía eligieron participar en un acuerdo 287(g), bajo el modelo del destacamiento especial. Las proyecciones de costos iniciales para la implementación del acuerdo fueron de $ 26 millones durante los siguientes cinco años, junto con un retiro de casi $ 800,000 del fondo de contingencia del condado y un ingreso por el aumento en el impuesto a la propiedad. Sin embargo, las modificaciones al acuerdo eventualmente redujeron las proyecciones de costos a $ 11.3 millones durante un período de cinco años.

El programa tuvo efectos nocivos adicionales en la comunidad, incluida una disminución significativa en el crecimiento de la población hispana y una disminución en la confianza pública de la policía. En 2012, ICE anunció el final de todos los programas del modelo 287(g) del destacamiento especial, incluyendo el condado de Prince William. Sin embargo, se ha mantenido intacto el programa 287(g) de cumplimiento de la cárcel del Centro de Detención Príncipe Regional Prince William – Manassas.

Condado de Culpeper

En la primavera del 2018, la Oficina del Alguacil del Condado de Culpeper firmó un acuerdo 287(g) con un modelo de cumplimiento de la cárcel que impondría nuevas demandas a los recursos locales.

Mientras que el alguacil del condado de Culpeper, Scott Jenkins, emitió un comunicado diciendo que no ha solicitado fondos adicionales para su presupuesto, es probable que la sustitución de los empleados de la cárcel para llevar a cabo la aplicación de la inmigración genere mayores demandas de personal y otros recursos. Con el tiempo, esta cepa le costará al condado más dinero en forma de horas extra adicionales, rotación de personal adicional y personal con un potencial de tiempo completo equivalente. ICE no pagará estos costos. ICE solo es responsable de su propio personal y de proporcionar material de capacitación.

Responsabilidad legal

Cuando las autoridades policiales estatales y locales cumplen con las detenciones y hacen cumplir las políticas de inmigración, se hacen cargo de la mayoría del costo. Estos costos pueden ser especialmente pesados porque a menudo se extienden más allá de los deberes en asociación con ICE y toman forma como disputas legales de alto costo. En los casos en que los derechos de los inmigrantes son violados por la aplicación de la ley local realizando tareas de ICE, las personas y los grupos de defensa en todo el país desafían las localidades en los tribunales estatales y federales.

En el 2014, una mujer de Oregón llamada María Miranda-Olivares fue arrestada y luego se le impidió pagar la fianza debido a una orden de detención por parte de ICE. Ella pasó dos semanas en la cárcel a la espera de una sentencia por su caso criminal no relacionado, y luego otras 19 horas en la cárcel debido a la orden de detención de ICE. Miranda-Olivares demandó al condado de Clackamas, Oregon, y el Tribunal del Distrito Federal de Oregon le dio el veredicto a su favor, ya que una orden de detención de ICE no era suficiente para retener a un persona en la cárcel. Esta sentencia cita un caso anterior, Arizona et. al. vs. Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo declaró que detener a una persona solo para investigar su ciudadanía, puede violar sus derechos constitucionales. Debido a que las ordenes de detención de ICE no incluyen una orden judicial o una orden de registro, su cumplimiento termina siendo un arresto sin una orden judicial.

Miranda-Olivares vs. Clackamas County y otros casos han allanado el camino para el litigio exitoso contra las localidades que hacen cumplir las leyes federales de inmigración. En el condado de Maricopa, Arizona, las prácticas anticonstitucionales e ilegales de inmigración del departamento de policía acumularon un estimado de $ 150 millones en honorarios de monitoreo legales y ordenados por la corte. El condado incluso tuvo que aumentar los impuestos a la propiedad para pagar las reformas ordenadas por la corte. Aunque estos costos se incurrieron al llevar a cabo las políticas de ICE, el gobierno federal no los reembolsa. Por lo tanto, cualquier localidad que cumpla con las ordenes de detención u hospedan un programa 287(g) se vuelven vulnerables a las responsabilidades legales asociados con estos decisiones.

Ha habido varias demandas de inmigración similares en Virginia. En el 2015, un inmigrante demandó al condado de Henrico y a su alguacil cuando la cárcel cumplió con una solicitud de orden de retención de ICE, deteniendo ilegalmente a esta persona por más de 48 horas. El condado de Henrico gastó casi $ 23,000 en la demanda: $ 12,000 para resolver el caso y $ 11,000 para gastos legales. Es probable que esta no sea la última demanda de este tipo, ya que los tribunales estatales y federales de todo el país consideran que los arrestos de ICE son inconstitucionales en virtud de la Cuarta Enmienda de la constitución de los Estados Unidos.

Otra demanda de inmigración de alto perfil de Virginia involucra al Centro Juvenil Shenandoah Valley (SVJC) en Staunton. El Centro es el demandado en una demanda colectiva presentada en nombre de los niños inmigrantes en la instalación. El SVJC es una instalación segura para jóvenes no inmigrantes de Virginia que están bajo cargos estatales o locales, y también detiene a aproximadamente 30 niños inmigrantes que, de acuerdo con la demanda, han sido objeto de discriminación racial, fuerza excesiva y disciplina extrema. Si bien el Centro recibe una subvención anual del gobierno federal para sufragar el costo de la detención de niños inmigrantes, se la está demandando por violar los derechos de los niños en virtud de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución de los EE. UU. Los procedimientos judiciales para el caso continuarán hasta el otoño del 2018.

Afortunadamente, algunas localidades de Virginia preocupadas por la constitucionalidad de las detenciones de ICE han establecido límites sobre cuánto tiempo retendrán a las personas sin una orden judicial. Por ejemplo, las oficinas de los alguaciles del Condado de Fairfax y Chesterfield tienen una política que exige una orden judicial antes de cumplir con una solicitud de retención de ICE, de acuerdo con el asesoramiento del Fiscal del Condado y el Fiscal General de Virginia.

Además de los costos fiscales directos, cuando las oficinas locales del alguacil y los departamentos de policía eligen utilizar sus recursos para ayudar a ICE, puede haber impactos perjudiciales para las familias y comunidades locales. Cuando los residentes de Virginia son encarcelados por una solicitud de retención más allá de la fecha en que de otra manera hubiesen sido liberados, no pueden trabajar, atender a sus familias o cuidar a sus hijos. Y cuando se considera que las fuerzas de seguridad locales actúan como un brazo de ICE, los miembros de la comunidad están menos dispuestos a cooperar con la policía, lo cual hace mas difícil que la policía investigue ofensas criminales.

Esto tiene consecuencias para las familias y las comunidades de Virginia, y los niños a menudo son los más vulnerables. Si un padre es deportado, los niños tienen peores resultados en casi todos los aspectos de sus vidas y su capacidad de contribuir productivamente a la economía como adultos es menor. El ingreso medio para los hogares de inmigrantes disminuye en un promedio de $ 36,000 a $ 15,400 cuando un miembro de la familia es deportado. Esto está muy por debajo de la tasa de pobreza para una familia de tres ($ 20,780 en 2018), lo que se suma a una serie de desafíos adicionales para los niños que crecen en estas familias. Y si la persona que provee el cuidado principal es deportado y el niño ingresa a un albergue o cuidado temporal, el público sería golpeado con un costo secundario de alrededor de $ 26,000 por año por el cuidado de estos niños si ellos terminan en el sistema de crianza temporal.

Casi uno de cada cuatro niños en Virginia viven en hogares con al menos un padre inmigrante, e incluso la sola amenaza de deportación por el aumento de la aplicación de la ley de inmigración y la retórica sobre la aplicación de la ley, puede tener consecuencias perjudiciales para estos niños.

La gran mayoría de estos niños son ciudadanos de los EE. UU. (Al menos el 86 por ciento) y la mayoría de los padres están legalmente presentes. Sin embargo, los niños de familias inmigrantes recientemente han experimentado un aumento en los síntomas inducidos por el trauma que se derivan de la retórica antiinmigrante, independientemente del estatus migratorio de los padres. Esto se debe a que los niños de familias inmigrantes a menudo no pueden distinguir entre la retórica que escuchan y si las amenazas de deportación se aplican a su familia.

El uso de recursos locales para hacer cumplir la ley de inmigración federal mediante el cumplimiento de las solicitudes  de detención de inmigración y la implementación de programas como el 287(g) genera demandas sobre los recursos locales que no son reembolsados ​​por el gobierno federal. A medida que las prioridades de inmigración expandidas por ICE se reflejen en Virginia, las comunidades locales enfrentarán costos fiscales adicionales significativos así como también costos sociales. Hacer cumplir las leyes federales de inmigración ha demostrado ser una costosa responsabilidad para las localidades, especialmente porque estas leyes a menudo están abiertas a la interpretación, o a interpretaciones erróneas. Las localidades de Virginia pueden y deben negarse a utilizar los recursos locales para participar voluntariamente en la actividad federal de control de inmigración.

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